Imputaron al expresidente del Banco Nación por la deuda de la cerealera Vicentin
Javier González Fraga fue denunciado por un préstamo que la entidad que dirigía hasta el 10 de diciembre la otorgó a la firma, que pidió el concurso preventivo.
El fiscal Gerardo Pollicita imputó este viernes al último presidente del Banco Nación durante el macrismo, Javier González Fraga, por una maniobra en la que se habría permitido que la empresa cerealera Vicentin se endeude por $18.500 millones, lo que va en contra de las normativas de la entidad. El expediente quedó en el juzgado de Julián Ercolini, consignó TN.
Semanas atrás, el abogado y presidente de la Fundación por la Paz, Fernando Míguez, denunció al expresidente y a varios de sus exfuncionarios por el delito de defraudación a raíz de un préstamo que le otorgó el Banco Nación a la empresa Vicentin, que pidió el concurso preventivo.
Míguez se basó en un informe de Claudio Lozano, nuevo director del Banco Nación, que estudió la situación económica de la empresa y arribó a la conclusión de que el proceso de endeudamiento de Vicentin "superó los límites a los que podía acceder la firma en función de lo establecido por la normativa del Ente Regulador para las Grandes Empresas".
La cerealera fue la principal aportante para la campaña de Juntos por el Cambio en las elecciones de 2019.
Lozano sostiene que se le entregó el préstamo a la empresa pese a que se encontraba en una situación de "estrés financiero" que no le permitía hacer frente a sus obligaciones.
"Se desprende de la denuncia la posible existencia de una maniobra por la que se habría perjudicado al Estado Nacional a través del otorgamiento irregular de préstamos por parte del Banco Nación a favor a de la firma Vicentin, lo que le permitió a la empresa acumular una deuda con el banco de $18.500 millones, los que serían de cobro incierto puesto que la sociedad se encuentra en cesación de pagos", indicó la resolución.
El fiscal solicitó medidas de prueba, entre estas, un informe al Banco Nación que indique el monto total de la deuda que la empresa tiene con la entidad y cuánta de esta supera los límites que permitía la normativa del organismo financiero. A su vez, se solicitarán datos a la AFIP, la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Oficina Anticorrupción (OA).